A medida que la gobernanza energética mundial se traslada de las mesas de negociación a los tribunales, África se enfrenta a un nuevo y urgente desafío: garantizar que su voz no solo se escuche, sino que esté coordinada. La reciente intervención de la Cámara Africana de Energía (AEC) en un caso histórico de asesoramiento climático ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos ha puesto este tema en el punto de mira. Iniciado por la Unión Panafricana de Abogados, el caso busca definir las obligaciones legales de los Estados africanos a la hora de abordar el cambio climático —decisiones que podrían tener implicaciones de gran alcance para el desarrollo energético, la industrialización y el crecimiento económico en todo el continente.
Sin embargo, la participación de las partes interesadas africanas ha sido desigual. Esta falta de coordinación refleja un problema estructural más amplio. En todo el continente, la política energética está determinada por un ecosistema fragmentado de gobiernos, reguladores, instituciones regionales, empresas estatales y grupos de defensa. Si bien cada uno desempeña un papel importante, la falta de alineación a menudo da lugar a mensajes incoherentes, especialmente en los foros jurídicos y políticos mundiales, donde la claridad y la cohesión son fundamentales.
La decisión de la AEC de intervenir como amicus curiae es, en sí misma, una respuesta a esta fragmentación. Al intervenir, la Cámara pretende garantizar que las realidades energéticas de África —en particular la necesidad de equilibrar la acción climática con el desarrollo— estén debidamente representadas. Sin embargo, ninguna institución por sí sola puede hablar en nombre de todo un continente. El caso pone de relieve una necesidad más profunda de una participación coordinada entre las partes interesadas africanas.
Organizaciones como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Organización Africana de Productores de Petróleo (APPO) han servido durante mucho tiempo como plataformas para armonizar los intereses de los productores y definir posiciones colectivas. Los recortes coordinados de producción de la OPEP tras el colapso de los precios del petróleo en 2020, por ejemplo, contribuyeron a estabilizar los mercados mundiales y a restablecer la confianza en los precios. Mientras tanto, la APPO ha impulsado iniciativas como el Banco Africano de Energía para movilizar financiación para proyectos de petróleo y gas en un contexto de restricción de los flujos de capital mundiales. Estos ejemplos demuestran el poder de la coordinación, pero también subrayan la necesidad de ampliar este enfoque más allá de la gestión del mercado hacia los ámbitos jurídico y político.
Esa necesidad se está volviendo más urgente. Los tribunales y los órganos jurídicos están configurando cada vez más la política climática, desplazando decisiones clave de los ámbitos políticos hacia interpretaciones vinculantes o cuasi vinculantes. Estas sentencias están influyendo en la financiación de proyectos, las autorizaciones y la viabilidad a largo plazo de los hidrocarburos en mercados emergentes como África. Esto ya es evidente en África, donde la presión jurídica y relacionada con el clima sobre proyectos como el oleoducto de crudo de África Oriental ha contribuido a la retirada de financiación, a retrasos y a un mayor escrutinio, junto con los retos a los que se enfrentan los proyectos de GNL en Mozambique.
Sin una posición africana coordinada, existe un riesgo real de que estos marcos se definan desde el exterior, sin reflejar plenamente las prioridades del continente. Esto ocurre en un momento en que África debe lidiar simultáneamente con las presiones climáticas y abordar una brecha fundamental en el acceso a la energía: más de 600 millones de personas en todo el continente siguen sin tener acceso a la electricidad.
La contradicción es evidente. Se pide a África que acelere la descarbonización mientras sigue construyendo los sistemas energéticos necesarios para apoyar el crecimiento económico y la industrialización. Una voz fragmentada no hace más que agravar este desafío. Las posiciones nacionales divergentes, los marcos normativos incoherentes y la defensa descoordinada debilitan la capacidad del continente para negociar de forma eficaz, atraer inversiones y defender su vía de desarrollo.
«Con demasiada frecuencia, África se presenta a los debates mundiales sobre energía dividida, mientras que otros acuden organizados y con una estrategia», afirmó NJ Ayuk, presidente ejecutivo de la AEC. «Si no coordinamos nuestras políticas, nuestros mensajes y nuestras posiciones jurídicas, las decisiones sobre el futuro energético de África se tomarán sin que África esté presente en la mesa. La unidad ya no es opcional; es la forma de proteger nuestros recursos, atraer inversiones y asegurar nuestro desarrollo».
Una coordinación institucional más sólida ofrece un camino claro a seguir. Al armonizar las posiciones de los gobiernos, las organizaciones regionales y los organismos del sector, África puede presentar un discurso unificado, que haga hincapié en su derecho al desarrollo, el papel continuado de los hidrocarburos y la importancia de una transición energética equilibrada e inclusiva.
En este contexto, la OPEP y la APPO tienen un papel fundamental que desempeñar, no solo como convocantes, sino como motores de la armonización de políticas. Mediante estrategias coordinadas, datos compartidos y una representación unificada en los foros mundiales, estas instituciones pueden ayudar a transformar África de un conjunto de voces individuales a un bloque negociador cohesionado.
La intervención de la AEC en el caso sobre el clima debe considerarse una señal, no solo de la importancia de la participación, sino también del coste de la fragmentación. A medida que la gobernanza energética mundial sigue evolucionando, África no puede permitirse ser reactiva, estar dividida o estar infrarrepresentada.
